El 23/08/2017, el Defensor del Pueblo hacia publica la recomendación: “SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL QUE PERTENECEN AL COLECTIVO LGTBI Y RESIDEN EN LOS CETI DE CEUTA Y MELILLA. PRIORIZAR EL TRASLADO A LA PENÍNSULA”, en ella exponen “las dificultades que padecen en su vida diaria por su pertenencia al colectivo LGTBI. Exponen que lo habitual es recibir insultos y vejaciones. Tras la investigación realizada se comprueba que dicha pertenencia no se considera causa de vulnerabilidad por sí sola, a efectos de priorizar el traslado a la península. Teniendo en cuenta las particularidades de las ciudades autónomas, se estima que los solicitantes pertenecientes a dicho colectivo deben ser consideradas como vulnerables y debe garantizarse su necesidad de acogida particular, conforme a lo establecido en la Directiva de acogida.”

Concluye recomendando: “Impartir instrucciones para priorizar el traslado a la península de los solicitantes de protección internacional que pertenecen al colectivo LGTBI residentes en los CETI de Ceuta y Melilla, tras realizar la correspondiente evaluación individualizada, a fin de garantizar sus necesidades particulares de acogida, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, en atención a su vulnerabilidad.”

Desde hace ya unos años las personas que provienen desde Marruecos y buscan protección internacional en las ciudades autonómicas, son retenidas por muchos meses en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de las ciudades. La mayoría ha sufrido abusos y violaciones, y pretende huir de Marruecos. La mayoría de las personas relatan haber sufrido situaciones de abuso extremo, incluida violencia física ejercida por familiares, vecinos y autoridades, rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en la calle.

En Marruecos el código Penal recoge en su artículo 489, el castigo a «cualquiera que cometa un acto impúdico o contra natura con un individuo de su sexo» con penas de cárcel de seis meses a tres años y una multa de 20 a 100 euros. Desde en 1956 (independencia de Marruecos), más de 5.000 homosexuales han pasado por los tribunales por delitos relacionados con este artículo.

La petición del defensor del pueblo se agrega a la de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch que ya habían solicitado el traslado inmediato a la península de las personas en situación de especial vulnerabilidad, como las personas LGBTI.

Las desconfianzas sobre la veracidad de las historias o en el pasado denegando su solicitud de asilo bajo el argumento de que la persona podría evitar la persecución y seguir viviendo en su país sin hacer pública su condición sexual, llevando una vida con discreción, manteniendo oculta su preferencia sexual o su identidad de género (según informe publicado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado). Muestran una discriminación y un racismo institucionalizado, que trae como consecuencia el maltrato y la revictimización de las personas solicitantes de protección internacional que siendo de Marruecos, Tunes o Argelia solicitan protección internacional en las ciudades autonómicas del norte de África.

La Asociación Melillense de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA), ha iniciado un camino acompañando en la visibilidad de las agresiones, las intimidaciones o los robos que sufren las personas LGBTI que son solicitante de protección internacional en Melilla. Desde esa entidad están desarrollando acompañamientos a las víctimas de posibles delitos de odio, para que puedan denunciarlos, pero se encuentran con que existen muchas barreras desde la idiomática a la intención de dificultar la denuncia. La mayor parte de las agresiones suceden cerca de las instalaciones pensadas para dar acogida temporal a personas migrantes, teniendo lugar gran parte de ellas en el trayecto que va del CETI al centro de la ciudad. A esto se le debe agregar la presencia o posible acceso de los familiares que en algunas ocasiones mantienen la persecución dentro del territorio español, por las condiciones de acceso de los habitantes de las ciudades cercanas marroquís a las ciudades autonómicas.

Esta situación hace especialmente vulnerable un grupo que tienen miedo a denunciar porque siguen encontrándose continuamente con sus agresores, que ha buscado protección, pero con la práctica de mantenerles en las ciudades autonómicas.

Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, denominada de acogida, plantea que “algunos solicitantes pueden necesitar garantías procedimentales especiales por razón, entre otros, de su edad, género, orientación sexual, identidad de género…”. La orientación sexual y la identidad de género se reconocen como una condición que puede determinar por sí sola, garantías procedimentales especiales y la Administración tiene la obligación de evaluar en un plazo razonable si el solicitante necesita esas garantías.  “Los Estados miembros garantizarán que la asistencia prestada a los solicitantes con necesidades de acogida particulares, conforme a la presente directiva, tenga en cuenta sus necesidades de acogida particulares durante todo el procedimiento de asilo y que su situación sea objeto de un seguimiento adecuado”.

Como se ha constatado constantemente por las quejas y las peticiones de las organizaciones de asilo, derechos humanos y LGBT la acogida proveída por el CETI a los solicitantes de protección internacional está lejos cumplir los aspectos propuestos por la Directiva 2013/33/UE, sin que conste ningún tipo de evaluación para determinar si su situación es vulnerable. Esta situación se repite en otros lugares de nuestra geografía, pero en las ciudades autonómicas es donde la situación es de máxima gravedad ya que las personas se ven obligadas a permanecer en un contexto no favorable y les resulta imposible trasladarse a otra zona, dada la prohibición de acceso al territorio peninsular.

Con esto también se requiere que se reconozca que los refugiados LGBTI pertenecen a un grupo particularmente vulnerable y tienen una necesidad especial de protegerse. Esto debería darles a los refugiados LGBTI el derecho a acceder a los servicios especiales. Para esto es necesario el desarrollo de un Modelo de Apoyo a los Refugiados LGBTI, ofreciendo un apoyo integral a los refugiados LGBTI. Formando parte de la expansión de los Planes de lucha contra la Homofobia y la Transfobia que se puedan desarrollar.